Andorra, denunciada en el Tribunal de Estrasburgo por carácter de código penal.

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La Comisión de los Derechos Humanos, dependiente del Tribunal Internacional de Estrasburgo (Francia), ha admitido provisionalmente a trámite una demanda en la que se denuncia la ausencia de garantías en los procedimientos judiciales que se siguen en Andorra, provocadas, entre otras razones, por carecer de código penal y de un tribunal superior donde recurrir las sentencias. Esta es la primera vez que se presenta una denuncia contra Andorra, aunque ésta se plantea formalmente contra los Gobiernos de Francia y España, a los que los demandantes consideran corresponsables en la administración del territorio.

Pavel Jaonousek y Jorge Droz Chaloupeck, de nacionalidad checoslovaca, pero con pasaporte alemán, han presentado ante la Comisión de los Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda en la que se denuncian supuestas irregularidades procesales cometidas en un juicio celebrado en 1986 en Andorra, donde fueron condenados por robo.El tribunal de Andorra impuso 15 años de prisión a los dos checos por un incidente sucedido el 6 de marzo de 1986 en una habitación del hotel Princep de Les Escaldes (Andorra), donde fue asaltado un representante de artículos de joyería, al que fueron robados objetos valorados en 60 millones de pesetas. A raíz de estos hechos, la policía detuvo a Jaonousek y Chaloupeck, así como a un joyero de Barcelona, al que se le imputó un delito de receptación (comprar objetos robados).

En el juicio, los defensores de los checos denunciaron irregularidades procesales cometidas en la instrucción de la causa, entre las que destacaba la forma anómala en que se había identificado a los dos checos.

La inexistencia de un código penal o la ausencia de un tribunal superior de justicia al que recurrir las sentencias provocan, además, según los demandantes, una situación de inseguridad jurídica en aquellas personas que son juzgadas en Andorra, lo que vulnera el derecho a un juicio justo.

Andorra no se encuentra entre los países firmantes del Convenio Internacional de los Derechos Humanos, por lo que los demandantes han optado por plantear la denuncia contra Francia y España. Los demandantes consideran que los dos, países son responsables en la administración de este territorio, ya que el obispo de la Seu d'Urgell y el presidente la República Francesa son copríncipes de Andorra.

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